![]() |
Benjamin Franklin, “aquellos que renunciarían a una libertad
esencial, para conseguir un poco de seguridad momentánea, no merecen ni
libertad ni seguridad”.
¿Seguridad
es libertad? ¿Por qué no podemos sacrificar una por la
otra?
Seguridad significa estar libre de peligro, amenaza o daño. Es un estado
que nunca se alcanza completamente, y que convertiría nuestras vidas en
estériles si se alcanzara. Hellen Keller alertó, “La seguridad es sobre todo una superstición. No existe en la
naturaleza, ni los niños ni los hombres en su conjunto la experimentan. Evitar el peligro no es más seguro a largo
plazo que la exposición directa”.
Sin embargo, nos esforzamos por conseguir cierto grado de seguridad, y
cada uno de nosotros buscamos protección de los riesgos que nos preocupan.
Recurrir al Estado en búsqueda de seguridad, sin embargo, conlleva la pérdida
de libertad. Es de todos conocida la advertencia de Benjamin Franklin,
“aquellos que renunciarían a una libertad esencial, para conseguir un poco de
seguridad momentánea, no merecen ni libertad ni seguridad”. Roderick T. Long
apunta que el “equilibrio” comúnmente
buscado es una trampa: “no puedes renunciar a la libertad por seguridad porque
son exactamente la misma cosa”.
El Estado es el proveedor de seguridad más peligroso porque arrebata la
libertad a cambio de sus promesas. Puesto que el Estado se impone a través de
la violencia y la amenaza de violencia, y actúa como un monopolio, es, en muchas ocasiones, el
peor proveedor de cualquier servicio, incluyendo la seguridad. Cuando el Estado
promete seguridad, entrega inseguridad.
Los liberales clásicos — y la mayoría de sus descendientes modernos, los
libertarios — apoyan un gobierno limitado. Imaginan al Estado protegiendo la
vida, la libertad y la propiedad, asegurando la seguridad nacional e interna.
La fe está errada.
Primero, consideremos la seguridad nacional con el ejemplo
dramático de los Estados Unidos. Como Christopher A. Preble del Instituto Cato
discurre, instando a una política de autocontrol, el país tiene “ventajas
únicas”. Éstas incluyen “amplios océanos
al este y oeste, vecinos amistosos al norte y al sur, carencia de enemigos
poderosos a nivel global, y la riqueza para adaptarse a los peligros a medida
que aparecen”. Estas circunstancias implican que el gobierno de los EE.UU.
podría proveer cualquier defensa necesaria a un costo mínimo.
En lugar de ello, el gobierno ha creado un imperio y una economía de
guerra permanente. Mantiene bases militares alrededor del mundo, subvenciona la
defensa de naciones ricas, ayuda y protege a dictadores, mantiene alianzas que
no aportan ningún beneficio al pueblo de los Estados Unidos y entabla guerras
innecesarias continuamente. La misión no es realmente la defensa, sino la
expansión del poder y el crecimiento del complejo militar-industrial.
El resultado es el debilitamiento de la seguridad a través del malgasto
de recursos, la creación de enemigos y el aumento del riesgo de guerra. Además,
como Robert Higgs ha estudiado ampliamente, “la guerra se hace a expensas de la libertad”.
Segundo, consideremos la seguridad interna.
La policía del gobierno, como agentes armados del Estado, con demasiada frecuencia
son abusivos, salvajes y corruptos. Sólo hay que leer las historias de horror
en la web del Proyecto Nacional de Denuncia de Mala Praxis en la Policía,
realizado por el Instituto Cato, y las columnas de Radley Balko.
El Estado además genera crimen, especialmente a partir de la prohibición
de las drogas. La guerra contra las drogas les ha servido a políticos,
burócratas, al ejército, la policía y la industria de las prisiones, mientras
le da al Estado la excusa para robar más libertad.
La policía gubernamental es una amenaza para la seguridad, y se hace más
peligrosa a medida que se militariza. Además, no aporta seguridad, ya que ellos
mismos violan sus propias leyes y se asocian con el crimen organizado. Muchos
lugares del mundo sufren la plaga del crimen — a pesar de la presencia policial
— incluyendo partes de Estados Unidos y Canadá y gran parte de América Latina.
Como Edward Stringham argumenta, el gobierno debería mantenerse alejado
de la policía: Donde sea que observemos al gobierno, éste no ayuda, es
burocrático, no sirve a sus clientes, y diría que esto es aplicable
especialmente en el área de la policía. Precisamente porque la policía es tan
importante, creo que deberíamos abandonar la idea de que necesitamos que el
gobierno la provea, al menos, de la manera que lo hace.
El Estado no se contenta con limitar su rol a la defensa y la seguridad.
Además, pretende abordar otros tipos de “seguridad”, con resultados
predecibles.
Más de mil cámaras velan por tu seguridad
Los gobiernos a menudo desarrollan políticas para la “seguridad
energética.” En los Estados Unidos, esta toma la forma de promoción de la
independencia energética, un concepto falaz pero ampliamente aceptado. Algunos
países, animados por las Naciones Unidas, promueven también la “seguridad
alimentaria.” La intervención en los mercados de comida y energía crean
trastornos, no seguridad. El gobierno promete seguridad, pero entrega inseguridad.
No es mejor la situación
en el Reino Unido
La frase de Benjamin Franklin es la mejor manera de expresar la
peligrosísima deriva liberticida que está surgiendo en el Reino Unido, el más
claro intento del poder político de secuestrar la libertad de expresión y
comunicación de los ciudadanos, amparándose en la necesidad de proteger una
seguridad que en absoluto aparece amenazada por los medios de comunicación,
sino que es consecuencia de una mala gestión política sostenida durante años.
A medida que en democracias occidentales supuestamente consolidadas como
Noruega y el Reino Unido se reclaman medidas como la suspensión de los
servicios de la red o la monitorización activa y preventiva de los ciudadanos,
los estados autoritarios que llevan años desarrollando esas mismas medidas se
frotan las manos. El espectáculo de ver al gobierno chino elogiando la
dialéctica de Boris Johnson en el Reino Unido es sencillamente patético: Países
como China o Irán, cuya censura y control de la ciudadanía han sido criticadas
en Occidente durante décadas, convertidas de repente en modelo de conducta.
El contrasentido es obvio: no se
arremete contra las redes sociales por su capacidad de generar alarma, porque
dicha capacidad es muy superior todavía en los medios de comunicación
tradicionales. Lo que se hace es intentar controlar la inherente
bidireccionalidad de unos medios que los políticos temen, poniendo como excusa
la inseguridad.
Se pretende plantear un falso dilema, vender las redes sociales
como algo cuya interrupción no supone una ruptura de derechos fundamentales,
porque son utilizadas por muchos para funciones de comunicación no esencial:
«no se va a caer el mundo porque no podáis twittear o poder subir fotos al
Facebook, pero puede servir para detener un grave disturbio». Mentira. La
interrupción de una forma de comunicación utilizada por los ciudadanos es un
atentado a la libertad de expresión de estos, es censura, y no puede ser
planteada por el Estado en ningún caso – o en caso de ser estrictamente
necesario, bajo muy estrictos controles.
En un estado democrático, la tecnología debe servir para que los
ciudadanos controlen a los poderes públicos, no al revés. La idea de una
policía monitorizando preventivamente las redes sociales para interrumpir
cualquier posible conato de rebeldía resulta completamente orwelliana,
repugnante e inaceptable, por muchos problemas de seguridad que se pretendan
impedir. Ese fin no puede ser utilizado para justificar esos medios. Aparte,
por supuesto, de las evidentes posibilidades de falsos positivos y daños
colaterales: un país plagado de cámaras de vigilancia en el que no puedes
utilizar Facebook para planear una batalla de pistolas de agua sin que la
policía caiga sobre ti es, sencillamente, una democracia enferma.
Al final, lo que estamos viendo es un uso torticero de revueltas pasadas
por parte de los poderes públicos británicos para justificar un mayor nivel de control
sobre la ciudadanía. Como bien dijo Julian Assange, los participantes en las
revueltas británicas estaban en realidad, sin saberlo, haciendo un favor al
Gran Hermano.
Decididamente, las cosas no deben ser así. Los ciudadanos
británicos no deben permitir eso. El uso de la violencia debe ser
categóricamente rechazado, pero su prevención no puede venir a expensas del
derecho fundamental de los ciudadanos a la comunicación, ni tampoco de un
cercenamiento de la libertad, “por nuestro bien”.
Por cierto, la publicación de las entradas del blog LA MENTE DORMIDA en
el caralibro (Facebook), sigue vetada…de lo que estamos hablando…
Seguridad por libertad- La ventana esmeralda - Antonio Muñoz
No hay comentarios:
Publicar un comentario