jueves, 9 de abril de 2020

¿SEGURIDAD POR LIBERTAD? ROTUNDAMENTE NO






Benjamin Franklin, “aquellos que renunciarían a una libertad esencial, para conseguir un poco de seguridad momentánea, no merecen ni libertad ni seguridad”.


¿Seguridad es libertad? ¿Por qué no podemos sacrificar una por la otra?

   Seguridad significa estar libre de peligro, amenaza o daño. Es un estado que nunca se alcanza completamente, y que convertiría nuestras vidas en estériles si se alcanzara. Hellen Keller alertó, “La seguridad es sobre todo una superstición. No existe en la naturaleza, ni los niños ni los hombres en su conjunto la experimentan. Evitar el peligro no es más seguro a largo plazo que la exposición directa”.

   Sin embargo, nos esforzamos por conseguir cierto grado de seguridad, y cada uno de nosotros buscamos protección de los riesgos que nos preocupan. Recurrir al Estado en búsqueda de seguridad, sin embargo, conlleva la pérdida de libertad. Es de todos conocida la advertencia de Benjamin Franklin, “aquellos que renunciarían a una libertad esencial, para conseguir un poco de seguridad momentánea, no merecen ni libertad ni seguridad”. Roderick T. Long apunta que el “equilibrio” comúnmente buscado es una trampa: “no puedes renunciar a la libertad por seguridad porque son exactamente la misma cosa”.

   El Estado es el proveedor de seguridad más peligroso porque arrebata la libertad a cambio de sus promesas. Puesto que el Estado se impone a través de la violencia y la amenaza de violencia, y actúa como un monopolio, es, en muchas ocasiones, el peor proveedor de cualquier servicio, incluyendo la seguridad. Cuando el Estado promete seguridad, entrega inseguridad.

   Los liberales clásicos — y la mayoría de sus descendientes modernos, los libertarios — apoyan un gobierno limitado. Imaginan al Estado protegiendo la vida, la libertad y la propiedad, asegurando la seguridad nacional e interna. La fe está errada.

Primero, consideremos la seguridad nacional con el ejemplo dramático de los Estados Unidos. Como Christopher A. Preble del Instituto Cato discurre, instando a una política de autocontrol, el país tiene “ventajas únicas”. Éstas incluyen “amplios océanos al este y oeste, vecinos amistosos al norte y al sur, carencia de enemigos poderosos a nivel global, y la riqueza para adaptarse a los peligros a medida que aparecen”. Estas circunstancias implican que el gobierno de los EE.UU. podría proveer cualquier defensa necesaria a un costo mínimo.

    En lugar de ello, el gobierno ha creado un imperio y una economía de guerra permanente. Mantiene bases militares alrededor del mundo, subvenciona la defensa de naciones ricas, ayuda y protege a dictadores, mantiene alianzas que no aportan ningún beneficio al pueblo de los Estados Unidos y entabla guerras innecesarias continuamente. La misión no es realmente la defensa, sino la expansión del poder y el crecimiento del complejo militar-industrial.

   El resultado es el debilitamiento de la seguridad a través del malgasto de recursos, la creación de enemigos y el aumento del riesgo de guerra. Además, como Robert Higgs ha estudiado ampliamente, “la guerra se hace a expensas de la libertad”.

Segundo, consideremos la seguridad interna. La policía del gobierno, como agentes armados del Estado, con demasiada frecuencia son abusivos, salvajes y corruptos. Sólo hay que leer las historias de horror en la web del Proyecto Nacional de Denuncia de Mala Praxis en la Policía, realizado por el Instituto Cato, y las columnas de Radley Balko.

   El Estado además genera crimen, especialmente a partir de la prohibición de las drogas. La guerra contra las drogas les ha servido a políticos, burócratas, al ejército, la policía y la industria de las prisiones, mientras le da al Estado la excusa para robar más libertad.

   La policía gubernamental es una amenaza para la seguridad, y se hace más peligrosa a medida que se militariza. Además, no aporta seguridad, ya que ellos mismos violan sus propias leyes y se asocian con el crimen organizado. Muchos lugares del mundo sufren la plaga del crimen — a pesar de la presencia policial — incluyendo partes de Estados Unidos y Canadá y gran parte de América Latina.

   Como Edward Stringham argumenta, el gobierno debería mantenerse alejado de la policía: Donde sea que observemos al gobierno, éste no ayuda, es burocrático, no sirve a sus clientes, y diría que esto es aplicable especialmente en el área de la policía. Precisamente porque la policía es tan importante, creo que deberíamos abandonar la idea de que necesitamos que el gobierno la provea, al menos, de la manera que lo hace.

   El Estado no se contenta con limitar su rol a la defensa y la seguridad. Además, pretende abordar otros tipos de “seguridad”, con resultados predecibles.

                         Más de mil cámaras velan por tu seguridad

   Los gobiernos a menudo desarrollan políticas para la “seguridad energética.” En los Estados Unidos, esta toma la forma de promoción de la independencia energética, un concepto falaz pero ampliamente aceptado. Algunos países, animados por las Naciones Unidas, promueven también la “seguridad alimentaria.” La intervención en los mercados de comida y energía crean trastornos, no seguridad. El gobierno promete seguridad, pero entrega inseguridad.


No es mejor la situación en el Reino Unido

   La frase de Benjamin Franklin es la mejor manera de expresar la peligrosísima deriva liberticida que está surgiendo en el Reino Unido, el más claro intento del poder político de secuestrar la libertad de expresión y comunicación de los ciudadanos, amparándose en la necesidad de proteger una seguridad que en absoluto aparece amenazada por los medios de comunicación, sino que es consecuencia de una mala gestión política sostenida durante años.

   A medida que en democracias occidentales supuestamente consolidadas como Noruega y el Reino Unido se reclaman medidas como la suspensión de los servicios de la red o la monitorización activa y preventiva de los ciudadanos, los estados autoritarios que llevan años desarrollando esas mismas medidas se frotan las manos. El espectáculo de ver al gobierno chino elogiando la dialéctica de Boris Johnson en el Reino Unido es sencillamente patético: Países como China o Irán, cuya censura y control de la ciudadanía han sido criticadas en Occidente durante décadas, convertidas de repente en modelo de conducta.

   El contrasentido es obvio: no se arremete contra las redes sociales por su capacidad de generar alarma, porque dicha capacidad es muy superior todavía en los medios de comunicación tradicionales. Lo que se hace es intentar controlar la inherente bidireccionalidad de unos medios que los políticos temen, poniendo como excusa la inseguridad.

  Se pretende plantear un falso dilema, vender las redes sociales como algo cuya interrupción no supone una ruptura de derechos fundamentales, porque son utilizadas por muchos para funciones de comunicación no esencial: «no se va a caer el mundo porque no podáis twittear o poder subir fotos al Facebook, pero puede servir para detener un grave disturbio». Mentira. La interrupción de una forma de comunicación utilizada por los ciudadanos es un atentado a la libertad de expresión de estos, es censura, y no puede ser planteada por el Estado en ningún caso – o en caso de ser estrictamente necesario, bajo muy estrictos controles.

   En un estado democrático, la tecnología debe servir para que los ciudadanos controlen a los poderes públicos, no al revés. La idea de una policía monitorizando preventivamente las redes sociales para interrumpir cualquier posible conato de rebeldía resulta completamente orwelliana, repugnante e inaceptable, por muchos problemas de seguridad que se pretendan impedir. Ese fin no puede ser utilizado para justificar esos medios. Aparte, por supuesto, de las evidentes posibilidades de falsos positivos y daños colaterales: un país plagado de cámaras de vigilancia en el que no puedes utilizar Facebook para planear una batalla de pistolas de agua sin que la policía caiga sobre ti es, sencillamente, una democracia enferma.

   Al final, lo que estamos viendo es un uso torticero de revueltas pasadas por parte de los poderes públicos británicos para justificar un mayor nivel de control sobre la ciudadanía. Como bien dijo Julian Assange, los participantes en las revueltas británicas estaban en realidad, sin saberlo, haciendo un favor al Gran Hermano.

    Decididamente, las cosas no deben ser así. Los ciudadanos británicos no deben permitir eso. El uso de la violencia debe ser categóricamente rechazado, pero su prevención no puede venir a expensas del derecho fundamental de los ciudadanos a la comunicación, ni tampoco de un cercenamiento de la libertad, “por nuestro bien”.

   Por cierto, la publicación de las entradas del blog LA MENTE DORMIDA en el caralibro (Facebook), sigue vetada…de lo que estamos hablando…

                              Seguridad por libertad- La ventana esmeralda - Antonio Muñoz


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