domingo, 22 de diciembre de 2019

DÉJENNOS EN PAZ




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   A continuación, transcribo un escrito del Profesor Bastida, moderado en el lenguaje, pero contundente en el contenido, es de hace unos años, pero en diciembre de 2019 tiene la misma vigencia, cuando no más:

FRANCISCO J. BASTIDA.
CATEDRÁTICO DE DERECHO CONSTITUCIONAL
UNIVERSIDAD DE OVIEDO
    

  Con el funcionariado está sucediendo lo mismo que con la crisis económica. Las víctimas son presentadas como culpables y los auténticos culpables se valen de su poder para desviar responsabilidades, metiéndoles mano al bolsillo y al horario laboral de quienes inútilmente proclaman su inocencia. Aquí, con el agravante de que, al ser unas víctimas selectivas, personas que trabajan para la Administración pública, el resto de la sociedad también las pone en el punto de mira, como parte de la deuda que se le ha venido encima y no como una parte más de quienes sufren la crisis. La congelación salarial sufrida durante siete años provocó, en los funcionarios públicos, una pérdida brutal de su poder adquisitivo aplaudida en otros sectores de manera inmisericorde, con la satisfecha sonrisa de los gobernantes por ver ratificada su decisión.

   Detrás de todo ello hay una ignorancia supina del origen del funcionariado. Se envidia de su status -y por eso se critica- la estabilidad que ofrece en el empleo, lo cual en tiempos de paro y de precariedad laboral es comprensible; pero esta permanencia tiene su razón de ser en la garantía de la independencia de la Administración respecto de quien gobierne en cada momento; una garantía que es clave en el Estado de derecho. En coherencia, se establece constitucionalmente la igualdad de acceso a la función pública, conforme al mérito y a la capacidad de los concursantes. La expresión de ganar una plaza «en propiedad» responde a la idea de que al funcionario no se le puede «expropiar» o privar de su empleo público, sino en los casos legalmente previstos y nunca por capricho del político de turno. Cierto que no pocos funcionarios consideran esa «propiedad» en términos patrimoniales y no funcionales y se apoyan en ella para un escaso rendimiento laboral, a veces con el beneplácito sindical; pero esto es corregible mediante la inspección, sin tener que alterar aquella garantía del Estado de derecho.

    Los que más contribuyen al desprecio de la profesionalidad del funcionariado son los políticos cuando acceden al poder. Están tan acostumbrados a medrar en el partido a base de lealtades y sumisiones personales, que cuando llegan a gobernar no se fían de los funcionarios que se encuentran. Con frecuencia los ven como un obstáculo a sus decisiones, como burócratas que ponen objeciones y controles legales a quienes piensan que no deberían tener límites por ser representantes de la soberanía popular. En caso de conflicto, la lealtad del funcionario a la ley y a su función pública llega a interpretarse por el gobernante como una deslealtad personal hacia él e incluso como una oculta estrategia al servicio de la oposición.

    Para evitar tal escollo han surgido, cada vez en mayor número, los cargos de confianza al margen de la Administración y de sus tablas salariales; también se ha provocado una hipertrofia de cargos de libre designación entre funcionarios, lo que ha suscitado entre éstos un interés en alinearse políticamente para acceder a puestos relevantes, que luego tendrán como premio una consolidación del complemento salarial de alto cargo.

   El deseo de crear un funcionariado afín ha conducido a la intromisión directa o indirecta de los gobernantes en procesos de selección de funcionarios, influyendo en la convocatoria de plazas, la definición de sus perfiles y temarios e incluso en la composición de los tribunales. Este modo clientelar de entender la Administración es, en sí mismo una corrupción, tiene mucho que ver con la corrupción económico-política conocida y con el fallo en los controles para atajarla.

     Estos gobernantes de todos los colores políticos, pero sobre todo los que se tildan de liberales, son los que, tras la perversión causada por ellos mismos en la función pública, arremeten contra la tropa funcionarial, sea personal sanitario, docente o puramente administrativo. Si la crisis es general, no es comprensible que se rebaje el sueldo sólo a los funcionarios y, si lo que se quiere es gravar a los que tienen un empleo, debería ser una medida general para todos los que perciben rentas por el trabajo sean de fuente pública o privada. Con todo, lo más sangrante no es el recorte económico (o la congelación durante muchos años seguidos) en el salario del funcionario, sino el insulto personal a su dignidad. Pretender que trabaje media hora más al día no resuelve ningún problema básico ni ahorra puestos de trabajo, pero sirve para señalarle como persona poco productiva. Reducir los llamados días de libre disposición, conocidos como «moscosos», que nacieron en parte como un complemento salarial en especie ante la pérdida de poder adquisitivo, no alivia en nada a la Administración, ya que jamás se ha contratado a una persona para sustituir a quien disfruta de esos días, pues se reparte el trabajo entre los compañeros. La medida sólo sirve para crispar y desmotivar a un personal que, además de ver cómo se le rebaja su sueldo, tiene que soportar que los gobernantes lo estigmaticen como una carga para salir de la crisis. Pura demagogia para dividir a los paganos.

    En contraste, los políticos en el poder no renuncian a sus asesores ni a ninguno de sus generosos y múltiples emolumentos y prebendas, que, en la mayoría de los casos, jamás tendrían ni en la Administración ni en la empresa privada si sólo se valorasen su mérito y capacidad. Y lo grave es que no hay propósito de enmienda. No se engañen, la crisis no ha corregido los malos hábitos; todo lo más, los ha frenado por falta de financiación o, simplemente, ha forzado a practicarlos de manera más discreta.

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LA OLA

LOS ANGELES
OLVIDAN LEYES ANCESTRALES
QUIEREN URDIR EPÍLOGOS
QUIEREN ULTIMAR IGNOTAS SAETAS OLVIDADAS
SALVAR ELEGÍAS REGIAS
TRAZAR SENDEROS ULTRAS NUNCA ANTES MANIFESTADOS, IMPUESTOS.

PRETENDEN RENDIRNOS EMITIENDO FUGACES INSIDIAS, EN RANCIAS ONDAS
MANIPULAN ONEROSAMENTE RADIOS INMUNDAS, RUINES
DEJAN ENTREVER
PLANES INQUIETANTES, ENREDOS
AMENAZAN
VILES IGNORANTES, VACUOS, INQUISIDORES RUTILANTES.
DEJEMOS ENTRAR
RITMOS ONDULANTES, DULCES IMÁGENES, LA LUCIDEZ AMOROSAMENTE SOÑADA.
CONSIGO OBSERVAR NUBARRONES SONOROS, ENHIESTOS RAYOS VUELCAN AMBICIONES REBELDES
LARGOS ADAGIOS,
DOLOROSAS IDEAS, GENERAN NUEVAS INQUIETUDES DE ALMAS DORMIDAS,
AUGURO UN NAUFRAGIO, QUIERO UNIR ENERGÍAS,
APARTAR RAUDAMENTE ROCAS INANES, ENCONTRAR SÓLIDAS GRUTAS, UNIFICAR ESFUERZOS
LUMINOSA ARMONÍA,
VIENTOS INNOVADORES DEBEN APARECER.
PODEMOS ACTIVAR CAMBIOS, ILUMINAR FUENTES, INVENTAR SONRISAS, MODIFICAR OBJETIVOS.
BELLA ES LA IMAGEN, GRATO EL RUIDO, AUNQUE NOS TERMINE ENLOQUECIENDO.                           --------------------------------------------------

Inquina injusta hacia los empleados públicos
               
      Siempre que hay un cambio de gobierno en una administración, ya sea central, autonómica o local, asistimos a un lamentable desfile de personal que trabaja en el sector público a la sombra del poder de alguna formación política y tiene que dejar de hacerlo cuando llegan “los otros” o bien pasan a un rincón a dormir el sueño de los justos hasta que “los suyos” vuelvan. Pasó en Andalucía cuando cambió el color del gobierno tras las últimas elecciones de esa comunidad y pasó también a nivel nacional cuando el PSOE tomó el relevo del PP tras la moción de censura que descabalgó a Rajoy de la Presidencia del Gobierno y empoderó a Sánchez, pudimos ver como cada día se producían ajustes de personal de confianza (o no) en algunos organismos públicos.

     Es sabido que ese tipo de procesos, cuando se generan de forma masiva y más allá de los puros cargos de confianza, dejan a la altura del betún el principio de mérito y capacidad que debe regir el trabajo de los servidores públicos, cuyo cometido es organizar, gestionar y atender las necesidades de los ciudadanos, no las de sus ‘señoritos’. Que este hecho sea ya asumido como normal es lo más lamentable de todo, porque lanza serias dudas sobre un colectivo amplio de funcionarios y personal laboral de la administración, suficientemente capacitados para los trabajos que desarrollan, y cuya valía profesional está siempre en entredicho. Entre los dos millones de funcionarios de todo tipo que hay en España, los miles de mandos intermedios y directivos que se mueven por la parte más alta del escalafón, ya sean funcionarios de carrera o personal laboral, se la suelen jugar con los cambios del gobierno de turno, cuando el trabajo que desarrollan es tan bueno para una ideología como para otra.

     El Estatuto Básico de la Función Pública renovado hace apenas cuatro años, vino a reordenar leyes y funciones en el maremágnum de empleo público que tenemos en nuestro país, sobre todo cuando se mezclan y se comparan situaciones en los distintos ámbitos autonómicos y el Estado. Pero no ha logrado frenar esa sensación o tópico social, que se lee incluso dentro los libros de texto de Derecho Administrativo de prestigiosos especialistas, de que “nunca tantos hicieron tan poco con tan altos presupuestos”, aunque siempre aclarando que no es por su culpa, sino de los que les dirigen.

    Desde el gobierno actual se anunció hace un año que se iba a poner en marcha la equiparación, al menos salarial, entre todos los funcionarios públicos (con la plaza fija por oposición) y el personal laboral contratado por las Administración Central, de forma progresiva y en sus distintas categorías, tanto en las retribuciones básicas como en los niveles más altos. Es cierto que esa equiparación puede ser un inicio de cambio, pero no frena el mal general de falta de motivación que aqueja al empleado público desde hace generaciones. Siempre se dice que la mayor parte de los jóvenes quieren ser funcionarios, pero no es porque les motive el servicio público, sino por tener un sueldo seguro y no tener que preocuparse más. Junto con las medidas salariales, que siempre están bien porque aquello de que es sano alegrarse del bien ajeno, se echan en falta medidas que den a la función pública el valor social que realmente tienen, tanto en los trabajos más sencillos como, sobre todo, en los niveles más altos del escalafón.

   El seguimiento y la consistencia en la aplicación de muchas políticas públicas, que no se pueden ver cortadas por la llegada de uno u otro gobierno, es fundamental para que un país funcione como es debido.

   En algunos países de nuestro entorno, la formación continua de los empleados públicos y la generación de cuadros de mando motivados (de carrera) evitan la parálisis administrativa derivada de los vaivenes políticos. Mientras, en España, los funcionarios y el personal laboral de la Administración mezclan sus funciones sin que nadie se aclare por qué, se contratan y descontratan sin mayor motivación y se contemplan sólo como otro puñado de votos más para la ‘buchaca’, les podremos subir y equiparar los sueldos, pero no habremos arreglado nada.

    Un servidor es funcionario público (ahora personal estatutario) desde hace muchos años y no pocas veces he tenido que soportar las quejas y las descalificaciones, nacidas del desconocimiento, de empleados de empresas privadas y de autónomos que, “maltratados” por las reglas de juego de un mercado “libre” y “salvaje” proveniente de una economía global basada en la competitividad sin cuartel, cargan las tintas y nos culpabilizan de sus males, a los que trabajamos al amparo de la función pública. Puede ser que haya algunos funcionarios que se  han acomodado a trabajar lo justo, por falta de motivación o por sus desidias particulares, no siempre suficientemente supervisadas por la administración, pero, doy fe, por lo que he visto en los distintos destinos que he ocupado, que la mayoría trabajamos con dedicación, vocación y esmero.

    Lo peor de todo es que esas quejas y descalificaciones, producto de sus duras condiciones de trabajo y sus cada vez más exiguos salarios, deberían dirigirse a los empresarios y compañías multinacionales (“grupos” o “Holding empresarial” se les denomina ahora) que se preocupan únicamente de sus cuentas de resultados, siendo los trabajadores, las más de las veces, instrumentos para enriquecerse, sin velar en absoluto por sus condiciones de vida, a sabiendas de que si se quejan y plantean reivindicaciones “subversivas”, pueden ser sustituidos por la masa ingente de desempleados, ávidos de encontrar un trabajo, al precio que sea.

    Y a todo esto, ¿Dónde están los sindicatos? ¿Empequeñecidos por la animadversión de la opinión pública? ¿Apesebrados por los gobiernos de turno? ¿Amilanados por su propia ineptitud? Uno echa de menos a líderes sindicales de tiempos pasados como M. Camacho o N. Redondo, ejemplos de espíritu reivindicativo desde la honestidad y la capacidad de trabajo abnegado. Seguro que ha habido otros muchos que han cumplido con su tarea defensora de los derechos de los trabajadores, pero lo han hecho en la sombra, sin ningún afán de notoriedad.


   Y la Administración, ¿Por qué permite los dislates de las empresas? Siempre recurrirán al tópico de que no hay suficientes inspectores de trabajo o al hecho de tener que permitir que las empresas sean rentables para que tiren de la economía global, “por el bien de todos”, aunque cercenen los derechos de los de siempre, y, ¿eso es ético y justo?...”Pa mí que no”












1 comentario:

Thomas Verdhell dijo...

El maniqueísmo e instrumentalización de los funcionarios viene de lejos. En tanto sube al poder Felipe González el cual incluye una partida en los presupuestos generales del estado para financiar a los sindicatos. Desde ese momento, fideliza el clientelismo y apesebramiento de los mismos. Los sindicatos pasan a realizar servicios a sus afiliados que no se corresponden con la lucha sindical y de igualdad entre los trabajadores.
Hoy, nos encontramos con la paradoja del incumplimiento del derecho al acceso a la función pública en detrminadas comunidades por la politización y sectarismo también auspiciada por los sindicatos.
Se están vulnerando derechos fundamentales recogidos en la Constitución y esto, da pábulo a que formaciones radicales, justifiquen sus acciones